Desde hace algunos años los apicultores de Colombia empezaron a notar un fenómeno extraño: cuando fumigaban con herbicidas en zonas cercanas a sus colonias las abejas empezaban a morir repentina y masivamente.
Tanto así, que en los últimos tres años el Colectivo Abejas Vivas, que reúne a varios apicultores del país, identificó 15.677 colmenas envenenadas por agrotóxicos de las 46.186 que tienen reportadas. Es decir, el 34% de sus colmenas habrían colapsado como consecuencia del uso de herbicidas.
Efectivamente, con el paso del tiempo la ciencia ha demostrado que el uso de ciertos insecticidas, especialmente los neonicotinoides, a base de tabaco, tienen un efecto letal sobre las abejas, pues afectan su sistema nervioso central. En Estados Unidos, por ejemplo, se identificaron pérdidas repentinas de colonias hasta de un 30%, mientras en Japón la cifra fue de 25% y llegó a 53% en Europa.
La alarma fue tal que llegó a los centros de discusión política de varios países. En la Unión Europea les tienen una moratoria a tres de estos herbicidas, mientras que, en Estados Unidos, durante el mandato de Barack Omaba, se emitió un memorando presidencial buscando crear una estrategia federal para proteger a estos insectos y otros polinizadores.
Con un proyecto de ley que será radicado hoy ante la Cámara de Representantes, presentado por Didier Burgos, Colombia busca sumarse a los países que quieren promover la conservación de abejas y otros polinizadores en el mundo, pues la disminución de su población afectaría gran parte de los cultivos vitales para la seguridad alimentaria de los humanos. Se estima que sólo la abeja de miel (Apis mellifera) es la encargada de polinizar el 90 % de los cultivos de Norteamérica y otras partes del mundo.
Según explica el documento, el proyecto de ley busca que las abejas, junto a otros polinizadores, sean declarados de interés nacional, lo que daría pie para promover su conservación y fomentar el desarrollo de la apicultura.
Puntualmente, el proyecto propone crear un Sistema Nacional de Apicultura y otros Polinizadores que esté en cabeza del Ministerio de Agricultura, pero en el que se involucren distintas instituciones y carteras.
Igualmente, busca implementar una Política Nacional de Conservación de los Polinizadores, que estaría a cargo del Ministerio de Ambiente, por medio de la cual se regulen aspectos como los agrotóxicos, la deforestación y el manejo de abejas en lugares urbanos. La idea es que, cada seis meses, esta cartera haga un estudio técnico para saber cuál es el estado de la polinización en el país, pues hasta ahora la información es escasa.
Aunque el Colectivo Abejas Vivas ha recolectado algunos datos, creen que lo han encontrado es sólo la punta del iceberg. Por ejemplo, de los análisis practicados en laboratorio aplicados a muestras de cinco municipios en Cundinamarca, Quindío y los Llanos Orientales, todas han dado positivo para el fipronil, un pesticida que se vende en Colombia bajo 40 marcas comerciales y que fue el protagonista de un escándalo en Europa porque se encontraron rastros de este en los huevos para consumo humano.
Por esto, para Abdón Salazar, vocero de Abejas Vivas, uno de los puntos más importantes del proyecto de ley está relacionado con fijar límites máximos a los agroquímicos. En casos de neonicotinoides como la clotianidina, el tiametoxam y el imidacloprid, ya son varios los países que le han puesto moratorias o prohibido su uso, a menos de que se trate de cultivos que se encuentran en invernaderos.
“Nuestro colectivo fue creado a partir del envenenamiento de abejas, ahí arrancó todo, porque lo más fundamental es que se regulen las moléculas que están matando las abejas”, agregó a El Espectador.
Ante esto el proyecto de ley plantea que el Ministerio de Ambiente debe fijar unos límites máximos de agroquímicos que se puedan utilizar en los ecosistemas, mientras les otorgaría a las Corporaciones Autónomas Regionales la función de vigilar que la norma se cumpla. El ICA, entre otras funciones, sería el encargado de estudiar los casos de denuncia por envenenamiento para determinar qué lo causó y adoptar medidas al respecto.
“Es positivo que el Congreso refuerce las competencias de las entidades públicas para proteger las abejas. No pueden seguir tirándose la pelota”, afirmó al respecto Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
Finalmente, el documento también busca impulsar la apicultura en Colombia a través de incentivos, programas de sanidad y desarrollar un sistema de registro de apicultores, entre otras.
